Probablemente usted ha escuchado sobre la reciente y aclamada película “Guasón”. El Guasón cuenta la historia de Arthur Fleck: un hombre enfermo y marginado por la sociedad que se convierte en el famoso archienemigo de Batman. Fleck pertenece a la clase social baja de Ciudad Gótica y después de sufrir muchas injusticias, como la pérdida de su trabajo, se convierte en el famoso villano.
Ciudad Gótica está en caos por la diferencia abismal de sus clases sociales. Los ricos cada vez tienen más poder y ganancias, mientras que los pobres, como el Guasón, se ven sumidos en una mayor miseria. ¿Le parece conocida esta historia? ¿Se imagina algún sector del país en una situación similar? ¿Los pueblos costeros, tal vez?
Desde 1994 se ha observado un aumento en la brecha social de Costa Rica. Según el economista Rafael Arias, una de las razones de este aumento ha sido la desaceleración económica de sectores en los que se requiere mano de obra poco especializada. Uno de estos sectores es la llamada pesca de arrastre.
Este tipo de pesca ha sido muy criticada en los últimos años debido a que barre el fondo marino y captura todo lo que se encuentra a su paso, como tortugas marinas, rayas y tiburones. Por esta razón desde el 2013, la Sala Constitucional declaró que el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) no podía otorgar ningún permiso, licencia o autorización nuevos, renovar los vencidos o reactivar los inactivos, para la pesca de arrastre.
Existe un instinto ambientalista que funciona como una alerta de las actividades que podrían perjudicar a la naturaleza. Fundamentado en los resultados de varios estudios, ese instinto indica que la pesca de arrastre no se debe permitir bajo ninguna circunstancia.
Este año algunos diputados decidieron retomar la discusión sobre ese método de pesca mediante la presentación de un proyecto de ley que pretendía generar 700 empleos en la Costa Pacífica: una zona donde el trabajo no abunda. Sin embargo hubo una fuerte oposición de los ambientalistas y de algunos legisladores, que lograron volver a estancar el proyecto.
Es importante frenar las actividades que implican graves consecuencias ambientales como la pérdida de especies marinas o la degradación del fondo marino, pero es igualmente necesario que se evalúe el impacto social relacionado con esas actividades. La sostenibilidad también depende de ello.
El proyecto de ley planteaba que se delimitarían las áreas de pesca a los sitios menos vulnerables, de forma que se localizara el impacto ambiental. De todas maneras el proyecto no prosperó y las familias de la zona costera siguen sin opciones de trabajo.
Esta situación también implica el arrastre de desempleos indirectos. Si los pescadores no tienen ganancias, las ventas de las ferreterías y supermercados disminuyen, no se requiere la contratación frecuente de la limpieza y mantenimiento de los barcos, los lujos como las salidas de los viernes se ven limitados, y en consecuencia muchas otras áreas empresariales.
Este escenario trae el recuerdo del famoso proyecto minero de Crucitas. Una empresa extrajera deseaba explotar las hermosas y verdes tierras de San Carlos en busca de oro. Por supuesto, los costarricenses con “instinto ambientalista” no podían permitirles destruir sus bosques a cambio de unos cuantos centavos, por lo que se tiraron a las calles para luchar en contra. Afortunadamente, o así lo creyeron por un momento, el proyecto minero se detuvo y la empresa fue expulsada del país.
Años después se reveló el grave impacto ambiental que había en la zona. Al conocer la presencia de oro, y sin ninguna otra fuente de ingresos, los coligalleros invadieron la propiedad para saquear tan preciado metal. Durante este saqueo se generó un impacto ambiental que difícilmente se remediará a corto plazo y que trae dudas sobre las consecuencias a un plazo mayor.
El saqueo también ha generado fuertes impactos sociales: prostitución, drogas y armas. Lamentablemente, en la zona se han producido graves enfrentamientos entre los coligalleros y la policía, lo que incluso dejó una muerte a su paso. Pocas personas de la oposición imaginaron estas consecuencias. Al protestar, muchos se enfocaron únicamente en el impacto ambiental que esta empresa iba a provocar, pero olvidaron que muchas familias dependían de ella.
Es necesario hacer frente a estas situaciones y entender sus consecuencias. Si se quiere un país próspero, se debe aprender a balancear las actividades económicas con los impactos ambientales. No se puede permitir que Crucitas se repita en Puntarenas o en ninguna otra parte del país.
Si la pesca de arrastre genera altos impactos ambientales, se debe buscar una alternativa. Al exigir al gobierno la prohibición de actividades perjudiciales para el ambiente, también se deberían proponer alternativas que permitan el desarrollo económico de la zona.
El desempleo trae pobreza y descontento contra el gobierno. Crucitas y la Ciudad Gótica del Guasón nos demuestran que estas situaciones conllevan a la violencia. El deseo de ser ambientalistas no debería arrastrarnos hacia una sociedad sin oportunidades.