Nuestra directora, Emma Tristán, examina en este artículo la reciente modificación al Reglamento de Agua Potable en Costa Rica, que introduce mayor flexibilidad en los límites permitidos de plaguicidas en el agua para consumo humano. Emma advierte sobre los posibles riesgos que esta decisión representa para la salud pública, especialmente en un país que encabeza el uso de agroquímicos a nivel mundial. A lo largo del texto, subraya la urgencia de prohibir plaguicidas altamente tóxicos, fortalecer la supervisión estatal y asegurar una capacitación agrícola independiente con el fin de proteger el ambiente y la salud de la población.