El caso de Juan Bautista Alfaro, activista ambiental en Guanacaste, nos recuerda que defender un bosque en Costa Rica puede costar más que tiempo y energía: puede poner en riesgo la estabilidad económica de una familia. Mientras los megaproyectos reciben permisos exprés y avanzan sin controles rigurosos, quienes alzan la voz enfrentan embargos y procesos judiciales. Si la narrativa verde del país no se refleja en sus instituciones, el costo no solo lo pagan los activistas, sino también el prestigio de nuestras leyes y el derecho de todos a participar en las decisiones ambientales. Nuestra consultora, Natalia Benavides, nos expone su perspectiva sobre esta situación.