El agua es vida, dicen por ahí, y en el caluroso clima guanacasteco aún más. El intenso calor, que incluso supera los 40 grados centígrados en la temporada seca, provoca que sus lugareños y visitantes consuman varios litros de agua al día para refrescarse. Pero, ¿qué sucede cuando el agua que se consume no tiene la calidad que creemos?
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) es el encargado de asegurar la mejor calidad para el agua que distribuye en las ciudades guanacastecas de Cañas, Liberia, Bagaces y La Cruz. Sin embargo, durante el 2013, muchos lugareños recibieron la preocupante noticia de que el agua que bebían no cumplía con los estándares mínimos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el agua potable.
La historia se remonta al 2009, cuando el AyA detectó arsénico en el agua con la cual se abastecía cerca de 39 comunidades de Guanacaste y San Carlos. El arsénico es un elemento asociado con enfermedades como el cáncer y la Enfermedad Renal Crónica. El Semanario Universidad, en un reportaje publicado en el 2017, indica que los análisis realizados al agua tenían concentraciones de arsénico superiores a los 10 microgramos por litro, límite establecido por la OMS para el agua potable.
Como medidas paliativas, según menciona La Nación en una publicación del 2013, el AyA resolvió cerrar algunas fuentes de abastecimiento, colocar filtros para disminuir las cantidades de arsénico en las plantas de tratamiento y distribuir agua por medio de camiones cisternas en las poblaciones donde el agua tenía mayores concentraciones.
Uno creería que la primera medida paliativa habría sido comunicarle a los lugareños la preocupante situación; sin embargo, no fue sino hasta el 2011, dos años después de que el AyA detectara el problema, que el Ministerio de Salud indicó, por medio del informe del Estado de la Nación, que el agua tenía altas concentraciones de arsénico.
El informe del Estado de la Nación, aunque muy útil, es una herramienta que utilizan los investigadores, no un periódico o revista de lectura común. Entonces, como era de esperar, esta revelación no alcanzó a todos los pueblos afectados, quienes por desconocimiento siguieron consumiendo el agua contaminada.
No fue sino hasta el 2013 que varios medios de comunicación (como La Nación) hicieron públicas las concentraciones de arsénico en el agua, cuando se dio a conocer una orden de la Sala Constitucional que indicaba lo siguiente: el AyA tenía seis meses para identificar la fuente de contaminación y dar agua potable a los afectados.
Para cumplir con lo solicitado por la Sala Constitucional, el AyA realizó un estudio donde se determinó que las altas concentraciones de arsénico eran de origen natural y volcánico. En otras palabras, lo que indica el estudio es que la presencia de arsénico ocurre naturalmente, porque el agua subterránea (que abastece los pozos de agua de estas localidades) disuelve el arsénico que está presente en los sedimentos o rocas donde se aloja. Es decir que, como es un fenómeno que ocurre naturalmente, el agua ya “trae” el arsénico consigo. Por lo tanto, la medida más práctica resulta abastecer a las comunidades con agua limpia de otros lugares.
Actualmente, 10 años después de que se detectara el problema, los vecinos de Guanacaste y San Carlos siguen esperando una solución definitiva que asegure una buena calidad del agua.
Según afirma La Voz de Guanacaste, el AyA se encuentra trabajando para construir el acueducto de Epifanía, el cual permitiría transportar agua desde la comunidad de Cuipilapa. Este acueducto captaría 77 litros por segundo de agua de la naciente la Epifanía, que serían almacenados en un tanque y posteriormente serían transportados por medio del sistema de distribución actual de Bagaces.
El proyecto recibió en agosto de 2018 la viabilidad ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), y la expectativa es iniciar la construcción del acueducto durante el 2019.
Con este acueducto parece que la espera por un agua de calidad para los vecinos de Guanacaste y San Carlos está a punto de terminar. No obstante, es necesario exigir a las instituciones que nuestro derecho como ciudadanos es estar informados de los problemas que ocurren en nuestra comunidad, en especial sobre aquellas cosas que nos pueden provocar enfermedades.
La falta de acción de parte de las instituciones a cargo de la gestión del agua es indignante. Hace 10 años que los encargados de esta gestión saben que existe arsénico en el agua y no fue hasta hace seis años que los lugareños se enteraron del tema. Se ha permitido que las personas vivan expuestas a este fantasma en el agua y a un riesgo que aún no se ha controlado.